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El Gobierno de Enrique Peña Nieto está atravesando por uno
de los momentos más críticos en materia de seguridad pública, como así lo
evidencia lo ocurrido en Tlataya, en donde 22 jóvenes fueron fusilados por
elementos del Ejército Nacional y por lo ocurrido en Iguala, Guerrero, en donde
murieron 3 jóvenes y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
El día de ayer hubo manifestaciones en el país y en
distintas partes del mundo en protesta por la desaparición de los
estudiantes, suceso comparado con la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco,
mientras el presidente Enrique Peña posando junto a regiomontanas para un
selfie en tanto su gobierno es tema internacional por la flagrante violación a
los derechos humanos.
En el caso de Tlataya, población ubicada en el Estado de
México, son miembros del ejército los autores materiales de la masacre,
funcionarios públicos que deberían de velar por la seguridad de la población
mexicana.
Es la prensa la que presiona y destapa la verdad de lo
ocurrido en Tlataya, en tanto el gobierno estatal y federal trataron de
encubrir la responsabilidad de los militares; sólo están encarcelados tres
soldados, mientras los altos funcionarios que ocultaron lo ocurrido gozan de
cabal impunidad.
En relación a los sucesos de Iguala, hay indicios de
responsabilidad directa del presidente municipal, José Luis Abarca Velásquez,
quién dio la orden a la policía municipal de atacar a los normalistas con los
resultados ya conocidos.
De acuerdo a los avances de las investigaciones y de los testimonios
de los estudiantes todo apunta a la participación de los funcionarios del
municipio como los autores intelectuales y materiales de la matanza y
desaparición de los estudiantes.
En el Estado de México gobierna el PRI, en tanto en Guerrero
y en el municipio de Iguala el PRD; la inseguridad, la corrupción y la
impunidad impacta de igual manera a cualquier gobierno no importando sus
colores.
El Gobierno de Enrique Peña llega a la antesala electoral
con serias acusaciones de violación a los derechos humanos y el resto de su
sexenio será transitado bajo la sombra del caso de los normalistas de
Ayotzinapa, al Igual como ocurrió en su gobierno estatal con la violación
de los derechos humanos en el asunto de Atenco.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto está atravesando por uno
de los momentos más críticos en materia de seguridad pública, como así lo
evidencia lo ocurrido en Tlataya, en donde 22 jóvenes fueron fusilados por
elementos del Ejército Nacional y por lo ocurrido en Iguala, Guerrero, en donde
murieron 3 jóvenes y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
El día de ayer hubo manifestaciones en el país y en
distintas partes del mundo en protesta por la desaparición de los
estudiantes, suceso comparado con la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco,
mientras el presidente Enrique Peña posando junto a regiomontanas para un
selfie en tanto su gobierno es tema internacional por la flagrante violación a
los derechos humanos.
En el caso de Tlataya, población ubicada en el Estado de
México, son miembros del ejército los autores materiales de la masacre,
funcionarios públicos que deberían de velar por la seguridad de la población
mexicana.
Es la prensa la que presiona y destapa la verdad de lo
ocurrido en Tlataya, en tanto el gobierno estatal y federal trataron de
encubrir la responsabilidad de los militares; sólo están encarcelados tres
soldados, mientras los altos funcionarios que ocultaron lo ocurrido gozan de
cabal impunidad.
En relación a los sucesos de Iguala, hay indicios de
responsabilidad directa del presidente municipal, José Luis Abarca Velásquez,
quién dio la orden a la policía municipal de atacar a los normalistas con los
resultados ya conocidos.
De acuerdo a los avances de las investigaciones y de los testimonios
de los estudiantes todo apunta a la participación de los funcionarios del
municipio como los autores intelectuales y materiales de la matanza y
desaparición de los estudiantes.
En el Estado de México gobierna el PRI, en tanto en Guerrero
y en el municipio de Iguala el PRD; la inseguridad, la corrupción y la
impunidad impacta de igual manera a cualquier gobierno no importando sus
colores.
El Gobierno de Enrique Peña llega a la antesala electoral
con serias acusaciones de violación a los derechos humanos y el resto de su
sexenio será transitado bajo la sombra del caso de los normalistas de
Ayotzinapa, al Igual como ocurrió en su gobierno estatal con la violación
de los derechos humanos en el asunto de Atenco.
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